En Legalion Abogados, sabemos lo importante que es para muchas familias contar con cada euro que les corresponde legalmente, especialmente cuando se trata de prestaciones sociales destinadas a garantizar un mínimo de estabilidad económica. Este caso es un ejemplo claro de cómo una buena defensa jurídica puede marcar una diferencia real en la vida diaria de una familia.
Nuestro cliente había solicitado correctamente el Ingreso Mínimo Vital (IMV), incluyendo en su solicitud el complemento a la infancia por tener un hijo menor a su cargo. A pesar de cumplir todos los requisitos exigidos por la Seguridad Social, el organismo competente aprobó el IMV, pero excluyó el complemento infantil, reduciendo injustificadamente la cuantía mensual a percibir.
Ante esta situación, y tras revisar toda la documentación, desde Legalion Abogados presentamos una reclamación previa, paso necesario antes de iniciar cualquier procedimiento judicial en materia de prestaciones sociales. En la reclamación, expusimos de manera detallada que nuestro cliente sí cumplía todos los requisitos establecidos en el artículo 11 del Real Decreto-ley 20/2020, que regula el IMV, así como los criterios específicos para la concesión del complemento por hijo a cargo.
La clave de nuestra reclamación fue demostrar que:
- El menor se encontraba efectivamente a cargo del solicitante y convivía con él.
- No existía percepción de otras ayudas incompatibles.
- Los ingresos familiares estaban por debajo del umbral establecido.
Aportamos todos los documentos que lo acreditaban —certificados de empadronamiento, libro de familia, y declaración de ingresos— y argumentamos que la denegación del complemento carecía de motivación suficiente y vulneraba el principio de protección a la infancia consagrado en la legislación vigente.
Finalmente, la Seguridad Social estimó nuestra reclamación previa sin necesidad de acudir a juicio. Se reconoció el derecho de nuestro cliente a percibir 57,50 euros mensuales adicionales en concepto de complemento a la infancia, correspondiente al tramo por un hijo menor de tres años. Esta cuantía, que puede parecer modesta, representa un aumento anual de casi 700 euros, lo cual tiene un impacto directo en la economía familiar.
Este caso evidencia lo que ocurre con frecuencia: muchas resoluciones administrativas en materia de prestaciones son erróneas o incompletas, y los ciudadanos no siempre tienen el conocimiento o la fuerza para recurrirlas. Por eso es tan importante contar con un equipo legal que sepa interpretar la normativa, actuar dentro de los plazos adecuados y formular reclamaciones sólidas.
Para nuestro cliente, esta victoria fue mucho más que una cuestión económica. Fue el reconocimiento de un derecho que le habían negado sin razón, y la tranquilidad de saber que el sistema puede funcionar si se actúa con el apoyo adecuado.
En Legalion Abogados seguimos comprometidos con la defensa de los más vulnerables, ayudando a familias que, muchas veces, están desprotegidas frente a la complejidad del sistema administrativo. Ya sea por error, negligencia o falta de medios, no vamos a permitir que los derechos de nuestros clientes queden en papel mojado.
