21/03/2023
El Tribunal Constitucional ha sentado una importante jurisprudencia en relación a las notificaciones electrónicas en el ámbito tributario. En concreto, ha señalado que si la Agencia Tributaria tiene constancia de que el contribuyente no está accediendo a las notificaciones electrónicas, la Administración Tributaria debe utilizar formas alternativas de comunicación.
Este pronunciamiento del Tribunal Constitucional resulta esencial para garantizar el derecho del contribuyente a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española. La notificación resulta uno de los procedimientos más importantes en nuestra normativa administrativa, ya que permite al contribuyente conocer los actos administrativos y ejercitar sus derechos y acciones.
En su Sentencia del Tribunal Constitucional 147/2022 de 29 de noviembre de 2022, el Tribunal ha considerado que la Administración Tributaria vulnera el derecho del contribuyente a la tutela judicial efectiva cuando no despliega ninguna conducta tendente a lograr que las notificaciones relativas a un procedimiento liquidativo iniciado de oficio lleguen al efectivo conocimiento del interesado, a pesar de las facilidades y herramientas de las que dispone la Administración.
La sentencia del Constitucional pone fin a una larga batalla judicial entre una pyme y la AEAT iniciada en 2014. La Agencia Tributaria solicitó a la sociedad contribuyente documentos extra sobre la declaración de IVA del año 2012 a través de la sede electrónica, resultado que la citada sociedad desconocía el sistema, por lo que no pudo atender los requerimientos. Pasados 10 días sin respuesta, Hacienda entendió, en aplicación de la normativa, que la pyme había sido debidamente notificada, aun cuando no había accedido al aviso.
Dado que la empresa obligada, a ojos de Hacienda, no podía justificar lo que se le pedía, se inició una liquidación paralela, la cual fue también notificada mediante sistema electrónico. La sociedad se encontró con que sus cuentas habían sido bloqueadas y sus créditos embargados, por lo que solicitó a la Agencia Tributaria que llevara a cabo una nueva inspección. La AEAT rechazó la petición obligando a la pyme a recurrir a la vía judicial.
Los tribunales dieron la razón a la Agencia Tributaria: tanto el Juzgado Central de lo Contencioso administrativo, en primera instancia, como la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia nacional, en segunda. Por su parte, el Supremo no admitió el recurso de casación de la sociedad, y el caso acabó entonces en el Constitucional.
En conclusión, la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a las notificaciones electrónicas en el ámbito tributario es esencial para garantizar el derecho del contribuyente a la tutela judicial efectiva. La Administración Tributaria debe prestar especial atención a este procedimiento y utilizar todas las herramientas y medios a su disposición para garantizar que las notificaciones lleguen al conocimiento del contribuyente.
